El Tribunal Civil falló el viernes a favor de los medios de comunicación al emitir una orden judicial que suspende la normativa del primer ministro Prayut Chan-o-cha que restringe la libertad de expresión y amenaza con la censura en Internet.
El tribunal dijo que iba en contra de la ley.
El tribunal también emitió un comunicado en inglés sobre su decisión.
«Considerando que el artículo 9 del Decreto de Emergencia sobre la Administración Pública en Situaciones de Emergencia B.E. 2548 (2005) (nº 29) no autoriza al Primer Ministro a suspender la prestación de servicios de Internet, el artículo 2 del Reglamento, que autoriza la suspensión de la prestación de servicios de Internet contra la dirección de protocolo de Internet (dirección IP) de la que el usuario haya difundido la información no compatible con el Reglamento, es contrario a la ley», decía el anuncio.
El tribunal dijo que había examinado y valorado los testigos y las pruebas documentales y decidió emitir el requerimiento.
El Tribunal considera que, teniendo en cuenta la existencia de varios instrumentos jurídicos que establecen medidas relativas a la difusión ilegal de información y la capacidad del gobierno para educar a la gente, desarrollar una mejor comprensión pública y examinar la información falsa, la suspensión de la aplicación de dicho Reglamento no supone ningún obstáculo para la administración pública en situaciones de emergencia y el interés público», dice el comunicado.
El requerimiento se produjo después de que la Alianza de Abogados de Derechos Humanos y 12 empresas de medios de comunicación presentaran una denuncia contra el general Prayut, también director del Centro de Administración de Situaciones de Emergencia-19.
Quieren que se revoque el 29º reglamento, que faculta a la Comisión Nacional de Radiodifusión y Telecomunicaciones (NBTC) a cortar el acceso a Internet de los usuarios de las redes sociales que publiquen contenidos que puedan asustar a la gente.
La petición enumeraba tres argumentos. En primer lugar, la prohibición de contenidos «que puedan asustar a la gente» es ambigua y puede ir en contra de los principios del derecho penal.
En segundo lugar, el reglamento faculta a la NBTC para comprobar y bloquear el acceso a Internet, lo que es ilegal. El decreto de situación de emergencia en vigor ahora no permite bloquear las comunicaciones entre personas. Sólo el decreto de situación de emergencia grave lo permite, pero no estaba en vigor hoy.
En tercer lugar, va en contra del artículo 35 de la Constitución, que avala la libertad de prensa. Si el gobierno quiere bloquear contenidos, tiene que hacerlo por partes, no puede bloquear toda una plataforma o canal, como una determinada dirección IP.
Entre los medios de comunicación que firmaron la petición figuran The Reporters, VoiceTV, The Standard, The Momentum, The Matter, Prachatai, Dem All, The People, Way Magazine, Echo y Plus Seven.
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